Se trata de una modificación presupuestaria con el objetivo de abonar dos facturas impagadas a la mercantil Acciona entre los años 2005 y 2009. Unas cuantías económicas de 258.000 euros y otra 1,6 millones de euros. Un pago obligado por dos condenas judiciales con carácter ejecutorio, que llegaron al Consistorio oriolano este pasado mes de junio.